¿Qué juegos de
tronos, qué intrigas se desarrollarán en palacio, qué poderosas influencias
serán ejercidas desde las sombras? Hay muchos miles de millones de dólares en
juego, impuestos postergados, necesidades de apoyo a las grandes empresas (no a
las pymes que se sabe son las mayores generadoras de empleo) disfrazadas de
mecanismos para evitar la cesantía. ¿Qué otras prebendas se encontrarán en
trámite dado que generarán enormes negocios?
Tenemos claro, todos a estas
alturas, que una crisis es también una oportunidad. Los chinos, protagonistas
relevantes de este capítulo pandémico, emplean un mismo vocablo para crisis y
oportunidad. El propio presidente Piñera ha explicado este concepto de manera
recurrente. Tras la crisis -eso enseña la historia- los ricos serán más ricos y
los pobres más pobres. El entramado de poderes en acción apunta en esta
dirección. La brecha continuará creciendo y haciéndose monstruosamente más
ancha. A menos que se aplique una reforma tributaria que acerque la tasa real
de impuestos a niveles comparables a los países de la OCDE, de cuya
membresía tanto nos gusta jactarnos.
¿Podría esperarse de aquellos que
ocupan la cima del poder económico una dosis de altruismo verdadero, un
auténtico esfuerzo cuya única recompensa fuese ayudar a quienes más lo necesitan
en estas horas amargas y complejas? La respuesta a esta interrogante la iremos
encontrando en los días próximos, y estoy seguro (no es lo que deseo) de que la
respuesta será amarga para los más pobres (quizás deba pedir excusas por usar
la palabra “pobre”, pues ha sido desterrada del vocabulario oficial de lo
“políticamente correcto”).
Hasta aquí el costo de las grandes crisis lo han pagado las principales
víctimas de la epidemia de desigualdad: los estratos medios y bajos de nuestra
sociedad; así lo ha planteado recientemente el economista Ramón López (https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/28/el-triple-shock-coronavirus-el-despertar-del-pueblo-y-la-depresion-mundial/).
Hasta aquí el gobierno de Piñera no ha emitido ninguna señal que vaya en el
sentido inverso a esta afirmación; tampoco la mayoría de los partidos de
oposición, que comparten la misma falta de confianza del pueblo por su
comportamiento de tres décadas de continuismo neoliberal.
Para muestra un botón: los
empresarios podrán suspender los pagos de las remuneraciones de sus
trabajadores en la medida que no puedan asistir a cumplir sus obligaciones
laborales debido a la emergencia sanitaria. Esto lo autoriza expresamente el dictamen
emitido el pasado jueves 26 de marzo por la Dirección del Trabajo, la que quizás
debiera mutar su nombre a Dirección del Empresariado; así reflejaría de manera más
fidedigna la naturaleza de sus funciones.
La argumentación se basa en un resquicio legal, un artículo vigente del
añejo Código Civil donde se señala que las partes que no puedan cumplir con la
obligación que les impone un contrato firmado, quedan liberados de sus obligaciones.
Una fracción del sueldo -parte con un 70% y termina con un 30% desde el sexto
mes- la pagará el seguro de cesantía de la Administradora de Fondos de Cesantía
de Chile (AFC), el cual será incrementado con fondos estatales, según anunció
el gobierno.
Tanta habilidad leguleya y habilidad interpretativa pudo haber recorrido
otros senderos que favorecieran a los trabajadores, pero así se revela la
auténtica naturaleza de la sensibilidad del ejecutivo. El ADN del piñerismo
contiene unilaterales simpatías hacia los empresarios, mientras mayor su
tamaño, mayor su incondicional adhesión. De alguna manera esto fue demostrado
con posterioridad al estallido social a través de la indiferencia ante las
demandas sociales, la respuesta represiva y descalificatoria, la campaña del
terror y el férreo control de la prensa, que por desgracia maneja -en su
mayoría- el gran empresariado chileno.
Tal vez habría sido posible proponer otras alternativas de apoyo a los
trabajadores dependientes, ahora obligados a dirimir entre protegerse de la
pandemia o resignarse a la pérdida de parte relevante de su salario a costas de
su seguro de cesantía. ¡Qué decir de los trabajadores independientes, por
cuenta propia, o de aquellos con empleos informales! Ellos no existen para efectos
del plan del gobierno. ¿Por qué no podría interpretarse que, siendo la crisis
sanitaria la causa de la imposibilidad de presentarse a los puestos de trabajo,
debiera aplicarse una licencia médica, de modo que sea Fonasa o las isapres
quienes se hagan cargo de pagar las remuneraciones?
Los economistas podrán deliberar sobre esta posibilidad, que no me parece
ni más ni menos arbitraria que el
criterio aplicado por la Dirección del Trabajo en su reciente polémico
dictamen, destinado a perjudicar a los trabajadores que cuentan con contrato
laboral y favorecer a los empresarios.
Esta clase de osada pregunta que pone pie en terreno peligroso, fangoso por
decir lo menos, no se formula. Como si las isapres fueran entidades intocables,
sacras y puras, cuando sabemos que han lucrado hasta el paroxismo desde su
creación en dictadura, focalizadas en aumentar sus ganancias a costa de proveer
servicios limitados o simplemente denegarlos amparadas en las amplias
protecciones que les brinda la legislación hecha a su medida.
Hasta aquí los únicos que se han
atrevido a desafiar el poder fáctico de las isapres han sido los tribunales de
justicia, bloqueando los aumentos unilaterales de precio de los planes a
quienes presenten demandas a través de abogados privados.
Las soluciones a los problemas no son únicas por cierto. Podemos verlo
expresado en la diversidad de medidas que han tomados los gobiernos de diversos
países a la luz de sus resultados. La primera decisión es a quiénes vamos a
proteger con mayor prioridad. Aquí surgen múltiples opciones: la preservación
de una economía activa a todo costo, la protección de los intereses de los
grandes empresarios, el resguardo de la salud de quienes tienen el mayor riesgo
ante la pandemia (adultos mayores, enfermos crónicos, los más pobres e
indefensos socialmente), la mera insensibilidad.
Saco de la lista la confianza excesiva en las capacidades de nuestro
sistema de salud, porque el colapso de países con mucho mejor infraestructura
sanitaria que Chile es prueba suficiente de que es una afirmación tan
irracional como esperar “mutaciones positivas” del virus.
Vuelvo al comienzo: en palacio, entre quienes ostentan el poder, hay
maquinaciones, acuerdos, transacciones que se realizan a espaldas del pueblo.
Sin embargo, esos movimientos discretos y tenebrosos determinarán nuestro
futuro cercano como país. Debemos estar atentos a ellos, analizarlos,
denunciarlos cuando sea preciso. Y prepararnos para que cuando pasemos este
momento terrible y amargo, no olvidemos lo ocurrido y hagamos tabla rasa. Los
participantes del juego de tronos, juegan quizás, sus últimas partidas.
Así sea.
Diego Muñoz
Valenzuela, escritor, presidente de Letras de Chile, ingeniero y miembro del
Tribunal Supremo del Partido por la Dignidad.
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