El Contralor del
Ministerio de Ética fue enjuiciado por encubrir el gigantesco fraude que durante
una década estuvieron perpetrando el
Subsecretario de la cartera y el Fiscal, coludidos con el Ministro. Mediante
facturas de servicios no prestados recolectaron una fortuna apreciable, que presuntamente
habría engrosado las arcas de las candidaturas de la coalición gobernante. El
Ministro, debido al escándalo, regresó intempestivamente
de sus vacaciones en Tahiti y declaró sus bienes para despejar dudas: una casa en un sector
exclusivo del barrio alto, cuatro departamentos en arriendo, una parcela de
agrado, un Jaguar del año, tres coches más para uso de la familia, un campo con
crianza de bovinos, más algunas inversiones. Es decir, el resultado de una vida profesional
activa. El Contralor y el Fiscal se negaron a declaran su patrimonio,
amparándose en la privacidad que concede la Constitución de la República.
Dos años después,
tras una defensa encabezada por respetables abogados de la plaza, los tres
funcionarios fueron absueltos. Una docena de manifestantes que acudió al
Palacio de Tribunales a abuchear a los jueces, fue dispersa violentamente por
la policía. Al día siguiente se organizó una cena de desagravio a la cual
acudieron casi quinientos senadores, diputados, magistrados, juristas,
empresarios, policías, ministros, embajadores y dirigentes políticos y
gremiales. Pocas semanas los rehabilitados funcionarios asumieron nuevas e
importantes responsabilidades de acuerdo a su elevado espíritu de servicio
público.
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